(artículo publicado hoy en El Mundo-El Día de Baleares)
Nada tan necesario hoy en día como atender a la letra pequeña de cualquier noticia. Ser cauto, riguroso, antes de dedicarse a escampar soflamas. Fruto del colapso de información que nos empacha, demasiadas veces nos quedamos con el titular o, peor aún, la apariencia (muchas veces interesada), para practicar nuestro deporte nacional: pontificar sin saber de qué se habla. Ejemplos de lo que digo hay muchos: afirmar que hoy padecemos más violencia que nunca, que pagamos más impuestos que nadie en Europa, que nuestra ley es permisiva, que casi no quedan árboles en Baleares (cuando ahora hay el doble que hace 40 años), etc.
Hoy me ceñiré a dos casos concretos. El primero tiene que ver con la elección de la lengua vehicular en la enseñanza pública de Cataluña. Muchas veces los catalanistas sacan pecho de lo concienciados que son incluso los castellanohablantes con el catalán. Pero lo dicen sirviéndose de datos manipulados: los medios catalanes, prácticamente todos en manos del nacionalismo, hicieron creer el año pasado que sólo 17 familias habían rellenado la casilla del castellano como opción vehicular, pero resultaba que ¡esa casilla no existía! Lo que habían hecho esas 17 familias era quejarse ante la comunidad escolar por ese derecho negado. Se habían salido del redil casi unánime, con todo lo que eso supone. Pero lo suyo era una protesta, no una elección libre. No eran una minoría, sino reprimidos.
El otro caso es más polémico aún: las denuncias falsas por casos de maltrato. Oímos continuamente decir que apenas existen estas denuncias, y nos quedamos tan tranquilos. Primero debemos saber que en España el falso testimonio es un delito mucho menos perseguido que en el mundo anglosajón. También resulta que la ley permite curiosas vías de escape, como es dejar libre a aquel que confiese su declaración mentirosa. En España hay unos 2.400 condenados por denuncia falsa, de los cuales la violencia doméstica sólo intervino en 19 de esos casos. Sin embargo, nos encontramos con un desfase interesante: de las 128.000 denuncias por violencia doméstica, sólo 30.000 acabaron en sentencia condenatoria. Evidentemente en muchos casos no fue posible encontrar pruebas suficientes, pero casi cien mil denuncias cerradas sin condena son muchas como para pensar que entre ellas sólo haya 19 que impliquen una denuncia falsa. En otros ámbitos estas denuncias son bastante habituales; ¿por qué en este no, cuando el denunciante puede ganar mucho con ello (en otros casos el beneficio es más modesto)? Seguramente porque esta posibilidad, por muchos indicios que se conciten, se persigue menos que en otros casos, en gran parte por presión de la mediática corrección política. Queda mucho por investigar.
(datos del último caso proporcionados por Tsevan Rabtan)
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