(artículo publicado hoy en El Mundo-El Día de Baleares)
Hace un tiempo ya me referí en este periódico a la
responsabilidad de las cajas de ahorros en los problemas del sistema
financiero español, que necesitó ser rescatado por la UE. España
es un país de extremos: por un lado tenemos algunas de las mejores
empresas del planeta en su sector, como es el caso de Inditex, y por
el otro ese indescifrable funcionamiento del mercado eléctrico, que
no entiende ni el más experto en estos menesteres, pero que deja
para todos el inequívoco rastro de la partitocracia. En la esfera
financiera también la situación se bambolea en los extremos: si
algunos de los mejores bancos de Europa son españoles, como los
privados BBVA, Santander y Popular, también tenemos los peores de
todos, con las antiguas cajas copando las posiciones de cola. Con la
transformación de estas cajas en bancos privados parecía que podía
resolverse el problema, pero de nuevo nos encontramos con los
problemas habituales cuando la política española entra en un
dominio privado.
Seguimos esperando reformas, en lugar de recortes
destinados a salvar el barco sin tocar el poder de la partitocracia,
que en gran parte nos ha conducido a la situación actual. El caso de
las antiguas cajas es gravísimo y evidencia la estrategia de los
partidos de poder: que la clase media pague al completo lo que ellos
han destrozado. No sólo me refiero sólo a los impuestos, sino a las
cantidades industriales de dinero público que se invirtieron en las
antiguas cajas para su reflotación. Según Casimiro García-Abadillo
(23 diciembre), estamos hablando de 71.064 millones de euros, que
suponen más del 7 % de nuestro PIB. Dinero público, recordemos, de
usted y de un servidor, que luego resulta, en pirueta tremenda, que
el Estado no va a recuperar. Porque se están vendiendo cajas
rescatadas a precio de saldo, o directamente son regaladas (el Banco
de Valencia a Caixabank; también la CAM y el Banco Gallego), después
de haberlas salvado a costa del contribuyente. En otros lugares, como
EEUU, resulta que los bancos sí que han devuelto ya gran parte de
las ayudas. Pero aquí no, y nadie parece exigirlo. Para colmo, no
sólo se pierde dinero en estas extrañas operaciones, sino que el
Estado ¡se ha comprometido en la cobertura de futuras pérdidas!
Somos el país de la ausencia absoluta de
responsabilidad pública, por eso nadie dimite. En este caso, a la
hora de reformar las cajas no se han tocado, salvo el caso de Bankia,
a la mayoría de los gestores que llevaron a estos bancos a la ruina.
Todo sigue igual, esperando a que escampe, pero con una clase media
pisoteada.
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