(artículo publicado hoy en El Mundo Baleares)
Por definición, los privilegios son aquello de lo que sus
beneficiarios no desean prescindir voluntariamente. Salvo que se les
obligue. Pasa el tiempo, llevamos ya 6 años de crisis y la
partitocracia sigue siendo el único refugio (junto al fútbol) del
mundo de las burbujas, el último ámbito que se resiste a la
aplicación seria de recortes y reformas. A estas alturas ya podemos
imaginar que no desea corregirse dicha situación; la clase política
quiere seguir viviendo 'por encima de sus posibilidades'. Basta echar
un vistazo a los enormes gastos de los partidos de poder y a la
opacidad de sus cuentas, cuando la mayor parte del dinero (blanco)
que reciben es público. La partitocracia como fin en sí mismo, al
margen de los intereses de la ciudadanía, sigue siendo una realidad
incuestionable.
¿Se están aplicando las reformas estructurales solicitadas por
Bruselas? Parece que nada, o casi nada. Y lo poco que se aprueba,
sólo dura un año, como el recorte del 7 % de los sueldos del
Parlament de Baleares. Los gobiernos central y autonómico parecen
estar esperando a que amaine el huracán para seguir engordando
perpetuamente a cuenta de la clase media. No se tocan las
diputaciones provinciales (rémoras del pasado que perdieron su
sentido con la creación del Estado autonómico), organismos que
sirven menos a los ciudadanos que a aquellos que se benefician de sus
cargos; no se fusionan municipios, cuando tenemos el doble que
Alemania con la mitad de población; por no hablar del principal
tinglado partitocrático, las innumerables empresas públicas, que en
gran parte siguen en pie a pesar de vanas promesas. Otro puntal de la
partitocracia son los aforamientos, privilegio endogámico que en
España protege (y seguirá protegiendo) de la justicia a decenas de
miles de políticos, cuando en otros países europeos estamos
hablando de unos pocos cargos.
Otro caso en el que podemos comprobar que la partitocracia se maneja
para seguir prosperando como casta es el de los tribunales de
cuentas, cuya misión principal consiste en controlar la gestión de
los gobiernos. Recordemos que estos organismos analizan las cuentas
públicas con unos 5 años de retraso, y gracias a nuestros políticos
una ley exime de responsabilidades a los 4 años de producirse los
hechos. Como ven, se trata de un blindaje perfecto, necesario por si
alguno de estos tribunales consigue sobrevivir a la colonización de
políticos en su engranaje. Y para seguir entorpeciendo la labor de
estos organismos de control, el gobierno de Bauzá acaba de
recortar su presupuesto un 20 %. Todo atado y bien atado.
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