MÁS SOBRE LA PARTITOCRACIA

 (artículo publicado hoy en El Mundo-El día de Baleares, p. 17)

Desde la Transición, el poder de la partitocracia en nuestro país ha sido inmenso. Ya en los 80 los partidos políticos fueron afianzando sus tentáculos para controlar cada esfera de la sociedad, desde la ciudadanía hasta las cajas de ahorros o los medios de comunicación, pasando por los clubes de fútbol o ciertos sectores económicos (electricidad, telefonía, etc.). El PSOE inició el trabajo, gracias al empuje legitimador que parecían conferirle sus sucesivas mayorías absolutas, pero después se sumaron a la fiesta el PP y partidos nacionalistas de poder como CiU y PNV. Ahora vemos que todos y cada uno de estos partidos están inmersos en escándalos tan graves que en un país serio acabarían con ellos.

Como señala el ensayista César Molinas, la política española se ha articulado como si fuera una casta (“élites extractivas”), a la que no se exige un determinado nivel académico (por eso siempre he pensado que los políticos son los principales interesados de que nuestro sistema educativo sea cualitativamente tan mediocre), y que financia sus múltiples gastos mediante un omnímodo sistema de captura de rentas, ya sea saqueando a la clase media o a empresas que están fuera de su círculo de influencias.

El resultado es que los políticos han colonizado cada ámbito de la ciudadanía, interviniendo sectores, mediante pactos con empresas favorecidas (que luego pagan los favores fichando como asesores a ex-políticos por cantidades millonarias, casos de Endesa, Telefónica o Gas Natural), mientras el coste de estas alianzas van a cuenta de la ciudadanía. Sin embargo, parece que la vida fuera de este dominio de la partitocracia es más provechoso, porque donde ellos no han metido su zarpa, es decir, en sectores menos intervenidos como es el caso del textil, España es capaz de producir un gigante mundial como Inditex.

En esta línea, nos encontramos con que los partidos de nuestro Parlament (PP, PSIB y PSM) reciben cada año 1 millón de dinero público para sus gastos de funcionamiento (al margen de sueldos y dietas). Un dinero que, por supuesto, gastan sin un mínimo desglose público para saber a qué se destina. Son consecuentes con esta opacidad, pues cada vez que UPyD propone en el Parlamento nacional una necesaria ley de transparencia, la mayoría de partidos (IU incluido) se unen para tumbarla. En la opacidad nuestro partidos han vivido mejor que un león del Serengueti.

Una diputada de izquierdas trata de justificar el citado ejemplo en la prensa local asegurando que el funcionamiento de los partidos requiere de estas ayudas públicas: “Únicamente con las cuotas de los afiliados sería imposible poder mantener el partido, hay muchos gastos a los que hacer frente”... Es evidente, cada vez más, que su sentido de la realidad está profundamente fracturado, porque si los partidos no tienen dinero propio para pagar las innumerables sedes que tienen en los pueblos de Mallorca (esa es otra: ¿Por qué se necesita que haya una sede en cada rincón?), o para sufragar las mastodónticas y circenses campañas electorales, es evidente que la conclusión lógica sería que recortaran gastos, y no siguieran exprimiendo a una ciudadanía arruinada para seguir con su enloquecido tren de vida.