ESTADO PAROT

 (artículo publicado hoy en El Mundo-El Día de Baleares)

     La evidencia principal que se puede extraer de la desautorización de la llamada 'doctrina Parot' por el Tribunal de Estrasburgo es que la inoperancia de los políticos españoles se arrastra desde el inicio de la democracia. Si pudo ser un error jurídico que el Estado tratara de prolongar en 2006 la estancia de etarras sanguinarios en la cárcel, el problema sustancial es muy anterior. Porque deberían haber sido los gobiernos de Adolfo Suárez y sobre todo de Felipe González aquellos que, conociendo el destino placentero de los presos etarras (cumpliendo sólo 20 años por 24 asesinatos), cambiaran la legislación penal para adaptarse a la realidad del momento. Pero se hizo presente la máxima que define a nuestra clase política: una penosa incapacidad de liderazgo ante la opinión pública, el seguidismo automático de las tendencias mayoritarias en la sociedad. Como en los años 80 no existía una adecuada sensibilidad social-mediática para prolongar las penas de los criminales de ETA, los políticos no hicieron absolutamente nada. Aún sabiendo lo que sucedería tiempo después. ¿Para qué pensar en las consecuencias si lo que cuenta es entregarse al día a día y beneficiarse de la inmediatez más cortoplacista?

De esta manera, funcionó hasta 1995 (y más allá) el artículo 70 de un Código Penal franquista, aprobado en 1973, que en su buenismo para con los etarras tal vez se abandonó al inconsciente violento de la dictadura: una cierta simpatía por los asesinos en serie, de la ideología que sean. En los pueblos vascos que controla Bildu deberían erigirle una estatua a Franco, inusitado benefactor de los gudaris.

Nuestra legislación arrastra unos problemas absurdos en asuntos importantes. Muchos tienen algo en común: tratar de arreglar a posteriori y de mala manera lo que se hizo mal (o no se hizo) en el pasado. De ahí la doctrina Parot, pero también las políticas de 'discriminación positiva', como aquellas que condenan a los hombres divorciados a una existencia tortuosa. El caso de Antonio Domenech (retratado en estas páginas el sábado 19 octubre) es el último de una larga lista: un hombre condenado a ser expulsado de su casa, seguir pagando la hipoteca (de la que se beneficia su ex) además de la manutención de su hijo, quedarse sin trabajo y dormir durante meses en el coche. Su pecado: ser un hombre. Lean su terrorífico blog. Divorciarse supone en estos casos masculinos un paso acelerado hacia la autodestrucción, pues la venganza diferida contra el antiguo Pater familias está instalada de lleno en nuestra legislación.

Progresamos a bandazos, asimilando emotivamente lo que antes debió ser objeto de análisis racional. Pateando el rigor en aras de una indignación pírrica.