Todo comenzó el ya lejano 12 de septiembre de 2016, lunes. Mi disección semanal en El Mundo de Baleares, ese día llamada Salvadores de almas, intentaba criticar la gestión del ayuntamiento de Palma de Mallorca. Con un tono claramente irónico (como atestigua el mismo título) que no entendió el concejal psocialista de Movilidad, uno de los aludidos, que decidió demandarme por la vía civil. Me exigía 12.000 euros por entrometerme en su intimidad y vulnerar su honor.
Meses después, el gobierno balear de Francina Armengol (del mismo partido que mi demandante) me abre un expediente administrativo, por el mismo artículo, en el que se propone sancionarme con 3.000 euros de multa. Permanece abierto varios meses, pero se acaba cerrando tal vez por las críticas de medios de comunicación de diversas ideologías o porque queda feo que unos políticos sancionen a un columnista.
Una antigua entrevista concedida por el concejal en la prensa local, hablando abiertamente de esa intimidad que en su demanda aseguraba que era desconocida, parecía darme la razón judicialmente hablando. También que la ley acostumbra a proteger a un columnista cuando se refiere a una figura pública, o que el mismo 12 de septiembre ya me había disculpado con el concejal en un mensaje de Facebook (él nunca respondió a mi mano tendida). Pero el juez de primera instancia, para mi sorpresa, desestimó la prueba decisiva, así que me condenó a 5.000 euros de multa más las costas procesales en septiembre de 2018.
Recurro al tribunal de segunda instancia, recalcando la prueba citada. Tampoco sirve para nada: con diferentes criterios (aquí más la vulneración del honor que la intimidad. De nuevo, la ironía subestimada), se me condena a lo mismo, los 5.000 de marras más costas de primera y segunda instancia. Era junio de 2019.
Segundo recurso, esta vez al Tribunal Supremo. Mucha gente del ramo me comenta que la tarea es muy complicada, porque ese tribunal sólo acepta a trámite el 10% de los recursos. Para nuestra alegría, se admite justo antes de la pandemia, en febrero de 2020. Parecía al fin cambiar la suerte, porque al admitirse todo indica que se van a considerar al menos gran parte de tus argumentos, pero de nuevo la decepción: sólo me quitan costas de segunda y tercera instancia, aunque mantienen las de primera, más la dichosa e inalterable multa de 5.000 euros. Diciembre de 2020, días antes de Navidad.
Se acaban los recursos, dado que no parece que el Constitucional vaya a cambiar nada, y fin del trayecto judicial. Toca pagar primero la multa, de ahí que me haya visto obligado a recurrir a un crowfunding para sufragarla.
El proceso ha sido para mí muy costoso en lo personal, y sobre todo disuasorio, porque además de perder dos trabajos entendí que el precio de ejercer la libertad de expresión en España está sometido a criterios progresivamente más restringidos y a veces desconcertantes. Digamos que no sale a cuenta, así que decidí dejar de escribir en los medios, tras cuatro años como articulista de opinión.
